Por Luz Méndez

Ciudad de Guatemala, 2012. Del 24 al 28 de septiembre de 2012, quince valientes mujeres guatemaltecas, que forman parte del pueblo indígena qeqchí, testificaron ante un Juzgado de Alto Riesgo, en la ciudad de Guatemala, como parte del primer proceso penal por esclavitud y violación sexual durante el conflicto armado.

Esta acción penal tiene una trascendencia histórica, no solamente por ser la primera vez que en Guatemala se presenta en los tribunales una querella por violencia sexual durante el conflicto armado, sino también porque se trata del primer proceso penal por esclavitud sexual que se ventila en un tribunal nacional. Los casos anteriores han sido presentados en cortes internacionales.1

La violación sexual fue durante muchos años la dimensión oculta de la guerra en Guatemala. Como resultado de las luchas conjuntas de mujeres indígenas sobrevivientes de violencia sexual y organizaciones feministas y de derechos humanos, fue posible colocar el tema de la violación sexual ante la opinión pública y empezar a romper el silencio por estos crímenes de lesa humanidad.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico, en su informe Memoria del Silencio, concluyó que la violación sexual durante el conflicto armado fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente. El 89% de las víctimas fueron mujeres indígenas.

El ejército utilizó la violación sexual contra las mujeres como arma de guerra. Las violaciones sexuales, perpetradas en forma masiva, múltiple y con extrema crueldad, fueron dirigidas en forma indiscriminada hacia las mujeres de las comunidades que fueron señaladas como objetivo de la contrainsurgencia. Un entretejido de opresiones de clase, género y etnia, dejaron como resultado uno de los capítulos más ominosos de violencia contra las mujeres en la historia Guatemala.

Esclavitud sexual en el destacamento militar de Sepur Zarco

Los crímenes de esclavitud y violencia sexual contra las mujeres que testificaron en el tribunal tuvieron lugar en el destacamento militar de la aldea Sepur Zarco, municipio de El Estor, departamento de Izabal, entre 1982 y 1988. Ese centro militar, instalado por el ejército a petición de grandes terratenientes de la zona, fue utilizado como lugar para el descanso y el recreo de la tropa, formando parte de un circuito de varios destacamentos militares establecidos en la Franja Transversal del Norte. Allí confluyen intereses económicos de carácter nacional y transnacional, alrededor de la extracción minera y petrolera, así como la producción de agro combustibles. En los años 80 la zona fue escenario de una de las grandes olas de despojos de tierras de la población campesina.

La tragedia para el grupo de mujeres q´eqchíes dio inicio en agosto de 1982, cuando sus esposos fueron secuestrados por miembros del ejército y finqueros de la región, para luego ser ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos de manera forzosa. Ellos eran dirigentes campesinos, quienes tramitaban, por medios abiertos y legales, los títulos de propiedad de las tierras en que habían vivido por generaciones.

Después de torturar y asesinar a los esposos de las mujeres, los soldados quemaron sus casas y escasas pertenencias. Una de las testificantes relató cómo ella, así como sus pequeños hijos e hijas, tuvieron que vivir a la intemperie durante más de un año, cubiertos solamente con piezas de nylon atadas a un árbol.

El mismo día en que fueron secuestrados sus esposos, las mujeres fueron violadas sexualmente en sus casas, frente a sus hijos e hijas, por los soldados. Posteriormente fueron sometidas a esclavitud sexual y esclavitud doméstica en el destacamento militar, durante seis meses. El teniente que estaba a cargo del destacamento ordenó que se organizaran “turnos de mujeres”, mediante los cuales ellas fueron obligadas a presentarse cada tres días al destacamento militar, en donde fueron violadas sexualmente de manera sistemática y fueron obligadas a cocinar y lavar los uniformes de los soldados.

La historia de Dominga Coc resonó durante años entre las mujeres de Sepur Zarco. Dominga, una mujer de 20 años de edad, un día de 1982 se dirigió al destacamento militar, junto con sus dos pequeñas hijas, Anita y Hermelinda, en búsqueda de su esposo, quien había sido secuestrado por miembros del ejército. Al llegar al destacamento fue capturada y violada sexualmente de manera reiterada y múltiple por los soldados, frente a su esposo y sus hijas. Después de varias semanas, ella y sus hijas “desaparecieron”. A principios de 2012 su cuerpo fue encontrado y exhumado. El esposo de Dominga sobrevivió y fue él quien presentó este testimonio en el tribunal.

Después de seis meses terminaron los “turnos de mujeres”, es decir ellas ya no tenían la obligación de permanecer en el destacamento militar, pero el cautiverio continuó en otra modalidad, durante seis años más. Las mujeres fueron obligadas a continuar preparando, en sus casas, las tortillas, que luego tenían que entregar en el destacamento, así como lavar los uniformes de los soldados. Éstos siguieron violando a las mujeres, ya sea en sus casas o cuando ellas se hallaban lavando la ropa en el río.

La explotación llegó al extremo de que las mujeres debían comprar el maíz para preparar las tortillas y el jabón para lavar la ropa de los soldados. Eso significó que los hijos de las mujeres fueron sometidos a niveles extremos de hambre, ya que el poco dinero que ellas ganaban debían invertirlo en la comida de los soldados, so pena de ser nuevamente esclavizadas sexualmente o asesinadas.

Los efectos en la vida de las mujeres sobrevivientes y sus familias han sido graves y de larga duración. Durante treinta años las mujeres sobrevivientes han enfrentado las consecuencias psicosociales de tales crímenes, particularmente la estigmatización y el rechazo social en sus comunidades. Acorde con la lógica patriarcal, ellas son culpabilizadas por la violencia sexual que vivieron.

Testificando ante el juez

Treinta años tuvieron que esperar las quince mujeres q´eqchíes para declarar ante un juez las historias de horror que vivieron en el destacamento militar de Sepur Zarco. Sus testimonios, presentados como prueba anticipada, forman parte de un proceso penal que dio inicio en septiembre de 2011 y se halla actualmente en la etapa de investigación.

En el tribunal las voces de ancianas de las mujeres expresaban certeza, autenticidad, a la vez que un profundo dolor por las atrocidades que relataban. Ellas hablaron en su idioma q´eqchí y sus palabras fueron traducidas al español por mujeres jóvenes de su grupo étnico. Un profundo silencio, un ambiente lleno de consternación y rabia, privó entre el público, compuesto por mujeres en su gran mayoría, que llenó la sala de audiencias durante una semana.

No me quiero morir sin alcanzar justicia es una expresión que de manera reiterada pronuncian las integrantes del grupo de mujeres de Sepur Zarco. Treinta años ha durado su determinación por tener acceso a la justicia. Esa fue la fuerza interior que les permitió presentar sus testimonios en el tribunal, en medio de un contexto socioeconómico, político y de seguridad, que presenta grandes adversidades y riesgos. En su concepción de justicia tiene un papel central la no repetición. No quieren que sus hijas y nietas vivan las experiencias de violencia sexual que ellas sufrieron.

La voluntad inquebrantable de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual se conjuntó con las luchas de organizaciones feministas y de derechos humanos. Éstas últimas, motivadas por su profundo compromiso político a favor de la dignidad, la memoria histórica y la justicia para las mujeres, han sido capaces de trascender obstáculos y, por medio de alianzas, construir un proceso inédito y multifacético de búsqueda de justicia, que dio inicio hace casi diez años.

Como parte de ese proceso, mujeres de Sepur Zarco, conjuntamente con mujeres indígenas de otras regiones del país, rompieron el silencio al presentar sus testimonios en el Primer Tribunal de Conciencia sobre Violencia Sexual contra las Mujeres durante el Conflicto Armado, realizado en la ciudad de Guatemala, en marzo de 2010. Esta acción política contribuyó a allanar el camino que las mujeres están transitando en su búsqueda de justicia.

Todas estas acciones políticas y legales renuevan la esperanza para seguir luchando para poner fin a la impunidad ante los graves crímenes de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado; contribuir a erradicar la aguda violencia contra las mujeres en la etapa actual; y seguir trabajando por la construcción de una sociedad con justicia social y paz duradera.